Violaciones de derechos humanos en los centros de detención. Para asegurar que los detenidos sean tratados justamente, el Congreso creó...

Rincón Nación de Inmigrantes | 09 de enero de 2018

Por Nain Martínez

La guerra de la administración de Donald Trump contra los inmigrantes ha dado como resultado un aumento dramático de las detenciones en todo el país.  

Recientemente, las autoridades aduaneras y de inmigración de Estados Unidos publicaron un llamamiento para que los nuevos centros de detención retuvieran 4,000 nuevos detenidos.  

Una vez arrestada, una persona indocumentada es llevada a uno de los cientos de centros de detención ubicados en todo el país.  

Aunque la intención de estos centros es de ser temporal, los detenidos que no pueden pagar la fianza podrían permanecer en la instalación durante muchos años, mientras esperan las fechas de la corte.  

Estas instalaciones pueden ser administradas por el gobierno y también son administradas por empresas privadas.  

Para asegurar que los detenidos sean tratados justamente, el Congreso creó la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos en virtud de la Ley de Derechos Civiles de 1957. Esta Comisión tiene miembros de ambos partidos políticos y supervisa los centros de detención para el gobierno.  

Recientemente publicaron un informe preocupante sobre sus hallazgos de una revisión de los derechos humanos en las instalaciones en diciembre de 2017.  

La Comisión se centró principalmente en el "Programa de Trabajo Voluntario" que permite a los detenidos trabajar para ganar dinero mientras están detenidos. Algunos de los trabajos que realizan incluyen custodia, lavandería, preparación de alimentos y mantenimiento.  

A los detenidos se les paga $1.00/día por su trabajo. El monto de la paga se estableció basado en un informe de 1950 de las Naciones Unidas. Esta cantidad no ha incrementado en más de 60 años.  

Los centros de detención gozan de un gran descuento utilizando esta fuerza laboral.  

Según un informe de abril de 2017, se estimó que los costos de un centro de detención sin el uso de mano de obra detenida serían de $125,000.00 al mes en comparación con el estimado de $1,680.00 que se gastan actualmente por mes para pagarles a personas detenidas.  

Además de la remuneración espantosamente baja que reciben estos detenidos, la Comisión también descubrió que, en algunas instalaciones, los trabajadores estaban amenazados si no participaban en el programa, y a algunos incluso se les daban golosinas o bocadillos en lugar de dinero.  

En un informe separado, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (OIG) encontró que, en cuatro de las cinco instalaciones estudiadas, hubo claras violaciones de los derechos humanos.  

Descubrieron que en muchos casos los servicios lingüísticos no se proporcionaban cuando los agentes del ICE se "comunicaban" con los detenidos. Algunos funcionarios disuadieron a los detenidos de presentar quejas sobre la instalación o sus agentes y, en general, carecían de respeto y profesionalidad al tratar con los detenidos.  

Estos hallazgos son extremadamente alarmantes. Estados Unidos siempre se enorgullece de su respeto por los derechos civiles de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Este tipo de tratamiento de los detenidos es sencillamente inaceptable.  

En el informe, la presidenta Catherine E. Lhamon cerró diciendo: "El Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso deben actuar con rapidez para investigar y corregir cualquier abuso en los centros de detención privados y administrados por el gobierno. Todos los proveedores de centros de detención deben tener el mismo nivel de responsabilidad, ya sean privados o administrados por el gobierno". 

Estaremos atentos para ver si el Congreso y el presidente Trump actúan sobre este llamamiento urgente para un trato justo. 

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