El Salvador pide a Honduras y Haití luchar juntos por una alternativa al TPS

EEUU INMIGRACIÓN | 09 de febrero de 2018

El Salvador ha pedido a Honduras y Haití trabajar juntos para que el Congreso apruebe una vía a la residencia permanente para todas las personas beneficiadas ahora por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y que se quedarán sin protección en menos de dos años. EFE/Archivo

Washington, 9 feb (EFEUSA).- El Salvador ha pedido a Honduras y Haití trabajar juntos para que el Congreso apruebe una vía a la residencia permanente para todas las personas beneficiadas ahora por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y que se quedarán sin protección en menos de dos años.

Así lo explicó hoy el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, en una rueda de prensa en Washington tras cuatro días de reuniones en el Capitolio para convencer a los legisladores tanto republicanos como demócratas de ofrecer una alternativa al TPS.

"El planteamiento que hemos hecho en todas las reuniones es para todas las personas amparadas por el TPS, les he enviado una nota a Honduras y Haití para unir esfuerzos en las gestiones en el Congreso", indicó.

Con la canciller de Honduras ya mantuvo una reunión al respecto hace unos días, pero no pudieron viajar juntos a Washington esta semana porque el Gobierno de Juan Orlando Hernández está concentrado ahora en la política interna tras la crisis postelectoral y las protestas por la investidura.

Por su parte, al Gobierno haitiano le seguirá "insistiendo", señaló Martínez, sin precisar.

Lo que busca El Salvador es "un camino que brinde a los beneficiarios del TPS la posibilidad de pasar a ser residentes permanentes" a imagen de la ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica (Nacara).

Esa norma fue aprobada por el Congreso en 1997 y protegió de la deportación a ciudadanos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Cuba, así como a inmigrantes de algunos países de la desintegrada Unión Soviética.

El Salvador está de acuerdo tanto con las propuestas que hay en el Congreso específicamente para los ciudadanos con TPS, un total de cinco, como con quienes quieren vincular esta negociación a la del programa DACA para jóvenes indocumentados llegados en la infancia, al que también ha puesto fin el presidente, Donald Trump.

"Apostamos por cualquier solución que brinde el paso de la temporalidad a la residencia, esa es la apuesta fundamental", subrayó.

Además de las negociaciones en el Congreso, el Gobierno de El Salvador trabaja con sus consulados para asesorar a los beneficiarios con TPS que disponen una vía legal para quedarse en el país tras el fin del programa, como los que tienen hijos estadounidenses mayores de 21 años o los casados con un estadounidense.

El Salvador cifra en 195.000 los salvadoreños con TPS, una numerosa comunidad que se quedará sin esa protección en septiembre de 2019.

El Gobierno Trump también ha puesto fin al TPS para haitianos y nicaragüenses: los primeros, 58.706, verán el fin de su protección en julio de 2019; y los segundos, 5.349, el 5 de enero de ese año.

Sin embargo, la Casa Blanca ha hecho una excepción con Honduras, cuyo Gobierno considera aliado clave, y ha extendido provisionalmente el TPS para sus 86.163 beneficiarios hasta el 5 de julio de 2018, fecha en la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá pronunciarse de nuevo al respecto.

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Detienen temporalmente deportación activista tras demanda en corte federal

Nueva York, 9 feb (EFEUSA).- Las autoridades de Inmigración han emitido un permiso de estadía temporal al conocido activista Ravi Ragbir, cofundador y director ejecutivo de la Coalición Nuevo Santuario en Nueva York, previsto para ser deportado mañana hacia Trinidad.

La decisión de las autoridades de Inmigración surgió luego de que se presentara hoy una acción legal en la corte federal en Manhattan en la que se alega que el arresto y deportación de activistas en el país, como Ragbir, viola la Primera Enmienda de la Constitución.

Los demandantes, entre ellos Ragbir, alegan que la acción del Gobierno es para reprimir a los que están en desacuerdo con su política migratoria.

Ragbir luchaba contra su deportación desde que fue detenido el pasado 11 de enero durante una visita de rutina a Inmigración en Nueva York y fue excarcelado el pasado 29 de ese mes, tras una orden de una jueza federal que criticó su arresto y lo calificó de "innecesariamente cruel".

Aunque la jueza recordó que Ragbir podía ser deportado en cualquier momento, determinó que no había razón para que permaneciera en la cárcel.

Ragbir, la Coalición Nuevo Santuario, la Coalición de Inmigrantes de Nueva York y una sombrilla de organizaciones proinmigrantes a través del país presentaran una demanda en contra de Inmigración, Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y sus respectivos directivos.

El director de la Coalición Nuevo Santuario Ragbir es un inmigrante de Trinidad y Tobago que en 1994 obtuvo la residencia permanente que le fue revocada luego de una convicción por fraude en 2001, que lo colocó en riesgo de ser deportado.

El activista había logrado cuatro permisos para permanecer en el país y el Departamento de Seguridad Nacional le había provisto con permisos de trabajo.

La directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles, Donna Lieberman, aplaudió la decisión sobre Ragbir, "que ha sido un líder clave en construir una comunidad y movimiento para proveer apoyo a inmigrantes que enfrentan la posibilidad de la deportación".

Destacó que Ragbir ha cumplido con todas las exigencias del Gobierno y que personas que han podido construir una vida en este país por años no deben ser apartados de sus hogares.

Agregó que el arresto y pendiente deportación de Ragbi "es parte de un perturbador patrón en el que Inmigración tiene como blanco a gente que se expresa en contra de las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump. Pero la comunidad está peleando en la corte y en las calles", indicó Lieberman.

Grupos pro inmigrantes demandan a ICE por perseguir activistas indocumentados

Washington, 9 feb (EFEUSA).- Varios grupos pro derechos de inmigrantes han interpuesto una demanda al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por supuestamente designar a activistas indocumentados como objetivo de sus redadas.

Las organizaciones afirmaron que las autoridades migratorias investigaron, vigilaron, arrestaron e incluso deportaron a activistas "con el objetivo de silenciarlos", según la denuncia que divulgaron hoy los litigantes.

"Este fuerte aumento en la aplicación de la ley de inmigración específicamente dirigido a los activistas de inmigración tiene la intención de reprimir la disidencia", señalaron los abogados en su demanda ante una corte federal de Nueva York.

Uno de los demandantes, el director de New Sanctuary Coalition de Nueva York, Ravi Ragbir, fue arrestado en enero por su condición de indocumentado y su orden de deportación a Trinidad y Tobago se encuentra actualmente suspendida.

"Esta demanda no se trata sólo de mí, se trata de todos los miembros de nuestra comunidad que están hablando en nuestra lucha por los derechos de los inmigrantes", señaló hoy Ragbir en un comunicado.

Junto al activista de origen trinitense, las organizaciones New Sanctuary Coalition, Casa de Maryland, Detention Watch Network, el Proyecto Nacional de Inmigración del National Lawyers Guild y la New York Immigration Coalition también forman parte de la querella judicial.

"La selección de activistas por parte del Gobierno sobre la base de su discurso político central es injusta, discriminatoria y antiamericana. Y viola la Primera Enmienda" de la Constitución, añade la demanda, fechada el 7 de febrero.

El requerimiento judicial nombra como demandados a ICE; el director interino de ICE, Thomas Homan; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; el Departamento de Seguridad Nacional (DHS); el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions; el Departamento de Justicia, y a dos altos funcionarios de ICE en la oficina de la agencia en Nueva York.

Como respuesta a esta demanda, Matthew Albence, jefe de la Oficina de Detención y Deportación (ERO), dependencia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), apuntó en un comunicado enviado a Efe que la autoridad migratoria "no ataca ilegalmente a inmigrantes en posiciones de activismo o en represalia por los comentarios críticos que hacen".

"Cualquier sugerencia que diga lo contrario es irresponsable, especulativa e inexacta y supone una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza", argumentó Albence.

Según datos facilitados a Efe, de las 143.470 detenciones que ICE realizó en el año fiscal 2017, el 73,7 % fueron inmigrantes "criminales" y el 15,5 % fueron "extranjeros con cargos penales pendientes".

Este pleito se produce en medio de una ofensiva contra la inmigración por parte de la Administración del presidente Donald Trump, que incluye amenazas de retirar fondos de las llamadas "ciudades santuario", aquellas que no cooperan con las autoridades migratorias para proteger a los indocumentados de la deportación.

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